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Asuntos Públicos: ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
EDUARDO CORONEL CHIU
DIARIO AZ XALAPA Y VERACRUZ


En el Poder Judicial del Estado, es sabido, no se han destacado mucho por su eficacia y honestidad en la administración de los recursos presupuestales, y aunque se ve que les tuvieron consideraciones en la auditoría del ejercicio de 2009, salieron con algunos raspones.

No pudieron librar la recomendación de que en el Consejo de la Judicatura hicieron compras de productos sin tener claro para qué iban a ser ocupados y, como en otras ocasiones, el material adquirido se embodegó, evidencia sugestiva de que el objetivo era gastar, adjudicar el contrato a un proveedor y pegarle al presupuesto, y ¿por qué no?, a la comisión por favores.

Les clava el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en su informe de resultados del ejercicio 2009, dos observaciones no solventadas: la primera, adquirieron mediante licitación 52 equipos biométricos y 10 lectores de barras por un importe de 5 millones 39 mil 678 pesos, ¿para qué equipos biométricos y lectores de barras? No para tomar signos vitales a los magistrados, sino para registrar huellas digitales y llevar control de asistencia; claro que no de los magistrados, que todo mundo sabe que van de una a dos. ¿Pero 52? La segunda, adquirieron 343 equipos de aire acondicionado por un importe de 6 millones 506 mil 780 pesos (abanicos, decía Madruga, cuando se le cuestionó esa compra que pretendía mayor), mismos que al 15 de julio de 2010 no habían sido instalados en su totalidad. ¿Por qué esa cantidad tan excesiva de climas?, ¿ya los terminaron de instalar o siguen en bodega?

El caso es que el Orfis le recomienda al Poder Judicial que antes de comprar haga «la evaluación de las necesidades de sus distintas áreas», y que no compre por comprar.

No es la primera vez que esto sucede, son bien conocidos los antecedentes de la adquisición de aquel paquete de equipo de cómputo cuando ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia René Poblete (2004-2007), y en el periodo recién concluido de Reynaldo Madruga (2007-2010) la construcción y equipamiento de más de 15 salas para juicios orales, con fondos otorgados por Pemex, donde derrocharon mas de 40 millones de pesos, sin que tengan ningún uso la mayoría de ellas, ya que la reforma para implantar y extender los juicios orales volvió a prorrogarse un par de años más. Por cierto, tanto en la construcción como el equipamiento de las salas, se fueron lisitos, por adjudicación directa, sin licitación pública, recibieron observaciones y luego se arreglaron para brincarlas.

Además están las calladitas, como la de los uniformes al personal del Poder Judicial, trajes sastre y tacuches de diseñador de Milano, el que viste al paisano. Los tiempos de la consejera doña Gladys, premiada con una magistratura, y el magistrado López Villalba, amparado que quiere su reinstalación, la mancuerna del aprovisionamiento al Poder Judicial (y a sus respectivos cochinitos) en los últimos cinco años.

Con tantas advertencias y reincidencias parece que la administración en el Poder Judicial es incorregible. A menos que el actual presidente, Alberto Sosa Hernández, y el nuevo Consejo de la Judicatura, demuestren lo contrario.

No pagaron al IPE, pero descontaron a los empleados

Otra banderilla clavada por la auditoría del ejercicio del 2009 al Poder Judicial fue la falta de pago al Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Según la observación, la cuenta de impuestos, cuotas y otras retenciones al 31 de diciembre de 2009, incluyen 13 millones 344 mil 223 pesos del periodo febrero-diciembre 2009, y 16 millones 447 mil 284 pesos del periodo junio-diciembre de ese mismo año, referente a «la retención por aportación obrero y aportación patronal, respectivamente, y que no fueron pagados al IPE.

La excusa es que la Sefiplan no radicó en su totalidad los recursos presupuestados, pero eso no les permite disponer del dinero ajeno, como las retenciones hechas al salario de los trabajadores.

Presupuesto a cuenta gotas

A finales del año pasado, bloffearon en el Poder Judicial de que interpondrían una controversia constitucional contra el Gobernador por no respetar la autonomía presupuestal y por violaciones a la Ley de Presupuesto, y aseguraban les debían cerca de 500 millones de pesos. Luego se supo que no se interpuso ningún juicio, que sólo había sido una de las fintas para la campaña fallida de reelección de Reynaldo Madruga como presidente del Tribunal.

En las nuevas relaciones institucionales, el gobernador Javier Duarte y el presidente magistrado Alberto Sosa Hernández establecieron compromisos de colaboración y respeto entre poderes. No falta el magistrado Sosa en las fotos de eventos con el Gobernador, y la cordialidad se extendió a la recepción de un enviado de la Sefiplan como Director de Administración en el Poder Judicial. Con él se suponía se reanudaría el flujo de recursos. Se instaló Carlos Hernández, pero el flujo no llega, al menos no con la suficiencia que esperaban. Por eso allá le dicen el síndrome pre. Está ahí, pero el flujo apenas viene.
2011-03-15 10:58:24
 
 
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